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Procuraduría suspende por diez meses a concejal de Becerril, Cesar

Procuraduría suspende por diez meses a concejal de Becerril, Cesar

Procuraduría suspende por diez meses a concejal de Becerril, Cesar

La Procuraduría Provincial de Valledupar suspendió por diez meses al concejal del municipio de Becerril (Cesar), Ronny Andrés Vargas Jiménez.

La investigación tuvo origen en la queja disciplinaria instaurada en 2016 por el presidente de la corporación en ese entonces, José Alfredo Alcocer Cárcamo, quien señaló a Vargas de maltrato verbal y de proferir en su contra frases calumniosas, durante las  sesiones realizadas el 8 de febrero y el 28 de septiembre de 2016.

Al proferir la decisión en la que halló responsable en primera instancia a Vargas Jiménez, el Ministerio Público indicó que su conducta implicó una falta de respeto para con uno de los integrantes de la mesa directiva de la corporación y su forma de actuar desbordó los límites del buen trato exigible a los servidores públicos, en especial a quienes son elegidos por voto popular. En consecuencia la falta fue calificada como grave a título de dolo.    

El fallo de la Procuraduría fue apelado por el abogado defensor del concejal sancionado. 

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De acuerdo con el material probatorio recaudado el exalcalde incumplió un deber legal y funcional, al omitir hacer entrega formal de los asuntos inherentes de la administración a su sucesor, pues pese a que el entrante alcalde le hizo varios requerimientos para complementar la información necesaria para continuar desarrollando normalmente las actividades propias de la administración, no dio respuesta ni solucionó el problema planteado. 

Puntualizó el ente de control que esta es una obligación de los servidores públicos del orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano, quienes en calidad de titulares y representantes legales al separarse de sus cargos o al finalizar su administración deben rendir un informe a quienes los sustituyan, acerca de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. 

Con las conductas descritas el disciplinado incurrió en falta disciplinaria por omisión del artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 y del artículo 1° de la Ley 951 de 2015, que establece como deber de todo servidor público cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en las leyes y, entre estos se encuentra: rendir informe y hacer entrega del cargo una vez culminado el periodo respectivo. 

La falta endilgada se calificó como grave cometida a título de dolo por el perjuicio causado, pues las inconsistencias en la información y documentación aportada al momento del empalme, afectaron y pusieron en riesgo el funcionamiento normal de la administración municipal.  

Dado que Pardo Barrera ya no ostenta la condición por la cual se le disciplinó, la sanción se convertirá en salarios equivalentes a lo devengado por el exalcalde al momento de la comisión de los hechos.

Fuente: Procuraduría Colombia

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